La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA un minucioso informe sobre los asesinatos, violaciones, torturas y persecución a la prensa que se han visto constantes en la nación venezolana.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay.

Esto sucederá horas antes de la marcha de la oposición convocada por María Corina Machado y González Urrutia. Será un acontecimiento político que pondrá en jaque al gobierno del presidente Nicolas Maduro, que ayer designó a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente no fue respaldada por Brasil, México y Colombia. Estos tres países se resisten a condenar al estado como un ¨régimen¨, y ya han exhibido su posición antagónica frente al informe de la CIDH.

Hace unos días exigieron que se retire de los fundamentos de un proyecto de Resolución la mención a ese dossier de la CIDH, y ahora actúan con extrema cautela diplomática ante hechos atroces y aberrantes que ya fueron denunciados por el Centro Carter, la ONU, la Unión Europea y hasta la propia OEA.

Las posiciones antagónicas entre los países que condenan a Maduro y los estados miembros que se mueven con premeditada cautela exhiben la fractura tácita en la OEA.

El foro tiene un bloque que lidera Estados Unidos junto a Canadá, Paraguay, Argentina y Uruguay, mientras que al otro lado del escenario multilateral se encuentra una entente que integran Brasil, México, Colombia y determinadas islas del Caribe que compran petróleo baratísimo en Venezuela.

La exposición de la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se apoyará en un exhaustivo informe que desnuda los sistemáticos crímenes contra la humanidad que ¨supuestamente ordenó Maduro y ejecutó su aparato represivo¨.

Ese documento oficial, publicado el 15 de agosto, se completará con la información vinculada al fallo del Tribunal Superior de Justicia y los actos represivos de los últimos días.

“Entre el 28 y el 30 de julio, se registraron denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 23 personas.La Información preliminar señala que las víctimas eran hombres de entre 15 y 56 años y la mayoría provenientes de zonas populares del país. Asimismo, todas habrían muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza”, afirma el informe bajo el título Uso Arbitrario de la Fuerza.

Infobae